LA IMPUNIDAD, MADRE DE TODA PREPOTENCIA
(Fragmento)
¿Qué es más difícil? ¿Combatir la corrupción y el crimen organizado, o a una organización paramilitar que se propone combatir el terrorismo con el apoyo, o con un cierto apoyo, de algunos aparatos del Estado? De uno u otro modo, ambas son formas de corrupción en el sentido más amplio, aunque el segundo delito no sea catalogado como tal. Todas estas actividades criminales, de uno u otro modo, violan el estado de derecho. Son dos delitos distintos, diferentes, pero en ambos casos hay un elemento común: la actitud de la magistratura al enfrentar estos delitos sin preocuparse por quién es el responsable, como exige el principio de igualdad ante la ley. Los nombres no deberían tener importancia, pero por desgracia no siempre es así.
La materia que analizamos en el derecho penal moderno nos obliga a investigar, sobre los comportamientos y hechos concretos, sobre análisis fríos, ignorando si un indagado es de izquierda o de derecha, si es un dictador o San Juan de la Cruz. No los juzgaremos por eso, sino por las acciones delictuosas que pueden haber cometido.
En este contexto se puede apreciar la diferencia de un juez respecto a otro, su actitud, sus ganas de trabajar. La corrupción es difícil, muy difícil de combatir, por eso es esencial la coordinación internacional, la cooperación entre las distintas magistraturas en las investigaciones sobre corrupción y delincuencia económica y financiera. Si en un paraíso fiscal los bancos interponen obstáculos a las investigaciones sobre ciertas cuentas, si no se nos permite confirmar cuál es el recorrido realizado por determinados depósitos, si cuando se obtiene la colaboración judicial por parte de un país después se crean obstáculos artificiales para que esta cooperación no produzca efectos, si cuando un magistrado obtiene por exhorto pruebas importantes se decreta una norma para impedir que este material pese en el proceso, que queda trabado en una vía muerta, nos perdemos en un maremágnum de formalidades que, en definitiva, son utilizados no para defender al ciudadano sino para proteger determinados intereses.
Durante muchos años, desgraciadamente, esta fue la norma en toda investigación sobre corrupción.
Juez Baltazar Garzón, entrevistado por Gianni Miná
Un mundo mejor es posible
Ediciones Unión.
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